Son tiempos de redes sociales. De participación. Los ciudadanos, ahora, han interiorizado que deben ser consultados para todo tipo de cuestiones. Es el siglo XXI, se asegura, y, por tanto, ya no es suficiente con votar cada cuatro años, o con participar en unas pocas asociaciones. Los medios de comunicación han alentado esa voluntad de participación, y las empresas demoscópicas facilitan números, opciones, identificaciones. Ofrecen estadísticas. Con todo ello, nos hemos creado un imaginario sobre lo que debería ser una democracia de alta calidad.

En España ahora eso se vive con pasión. Desde el derecho a decidir en Catalunya hasta la petición de que el relevo del Rey Juan Carlos I no se ventile de inmediato con la sucesión en su hijo Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe VI.

Y es cierto que asombra. Que la celeridad de un cambio institucional de esa envergadura puede crear sospechas fundadas. Porque, ¿qué pretende el Gobierno, y los poderes del Estado con esa velocidad?

Movimientos como el de Podemos, que ha conseguido más de un millón de votos en las elecciones europeas, cuando no llevaban ni cinco meses de vida, hacen aflorar el malestar de una ciudadanía que acusa una crisis económica ya excesivamente larga. Los casos de corrupción hacen daño, no porque existan, sino porque los castigos no llegan, porque se pagan multas o se devuelve el dinero mal conseguido, o ganado de forma ilícita, y ahí se acaba el problema.

Todo eso es cierto. Pero también lo es que las democracias asentadas son las que tienen una continuidad institucional. Las que son capaces de regenerarse sin cambiar de arriba abajo cada poco tiempo.

Y España tiene la oportunidad ahora de llevar a cabo una operación trascendental. La Constitución de 1978, aunque para muchos pueda ser una reliquia, o un objeto sacralizado, ha permitido esa estabilidad. Fue votada de forma mayoritaria, y puso las bases de una monarquía parlamentaria, como modelo de Estado. Partidos políticos como el PSOE o el PCE lo aceptaron, porque antepusieron en ese momento la democracia frente a la dictadura, y no pelearon por la República frente a la monarquía.

Ahora se trata, por primera vez, de hacer frente a una sucesión en la jefatura del Estado, con el hijo del Rey que pilotó la transición a la democracia. El paso es enorme. Cuando se culmine, el nuevo Rey, Felipe VI, podrá abrir una nueva etapa, tal vez con una reforma de la Constitución, que modifique cuestiones –como el encaje de Catalunya en el Estado—que no se supieron o se pudieron desarrollar mejor. Todo ello en democracia, y ofreciendo la continuidad institucional que cualquier país moderno necesita.

España es una monarquía parlamentaria. No es mejor ni peor que una República. Dependerá de si las instituciones funcionan, de si son capaces de acometer reformas. España está ahora ante ese reto.

Pero poner en cuestión cada cierto tiempo –ahora de forma obligada porque ha habido la abdicación de un Rey—las instituciones de un país no es positivo.

De ello se habló en el programa Al Vespre, de la Dos, con el autor de este blog y la abogada Esperanza García.