Los expertos en estasiología, es decir, los estudiosos de los partidos políticos y sus estructuras internas siempre han defendido que, en el caso de España, el PP había acertado al agrupar a todo el centro-derecha español. Que había sabido agrupar un espacio de derecha muy plural, y que también había acogido a una extrema derecha, enraizada en el franquismo sociológico. Era mejor, se defendía, que esa extrema derecha no tuviera una representación propia en el Congreso, y que estuviera integrada en un partido democrático.

Pero han pasado ya muchos años. La transición, con buenos resultados, ya no puede ser la gran baza de los partidos políticos de ámbito español. Es el pasado que hay que entender y defender, porque posibilitó que España pudiera desarrollar un sistema democrático, homologable al resto de países de su entorno europeo. Y sí, agrupar un centro-derecha fue muy positivo para esas formaciones políticas, pero, ¿y ahora, a quién beneficia?

El PP, si piensa en sus propios intereses políticos, no debe querer ningún cambio. Mientras la izquierda sigue experimentando cambios, con una presión desde movimientos políticos y sociales¸ que la obliga a ser plural, la derecha sigue teniendo un gran referente en las siglas del Partido Popular.

Pero al conjunto de España, a sus instituciones, sí le interesa que el PP se desmarque de ciertas actitudes, de posicionamientos que sólo impiden la adaptación del país a una nueva situación que resuelva los problemas territoriales pendientes y los viejos tabúes del pasado.

Mariano Rajoy podría ser un gran interlocutor para resolver el llamado encaje de Catalunya en España. Pero Rajoy sigue inflexible en negar cualquier movimiento, porque sabe que una parte no menor del PP no toleraría lo que siempre se ha considerado como un “privilegio” hacia Catalunya.

En realidad, hay que permitir que aparezca el alma más liberal del partido, la que no entiende para nada lo que hace el ministro Gallardón con la ley del aborto, o la que no entiende como no se llega ya a un modelo de financiación autonómica que resuelva las graves insuficiencias de las administraciones autonómicas, que son las encargadas de ofrecer los principales servicios públicos a los ciudadanos.

Sobre esas dificultades del PP, sobre el propio Mariano Rajoy, que acaba de aferrarse de nuevo en la legalidad en su discurso en Barcelona, se habló hace unos días en el programa Divendres, de TV3. El debate debe seguir, y debe ser más intenso, para encontrar soluciones.