España está en pleno proceso de la llamada devaluación interna. Los salarios siguen bajando. Las empresas han aumentado sus beneficios, y ello puede ser la garantía de inversiones a muy corto plazo. Así lo defiende el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, basándose en estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona. Es cierto que el aumento de beneficios debería ser la antesala de una oleada de inversiones, pero deja, en el camino, a muchas personas en una situación de gran precariedad. Los contratos, si se producen, son temporales, y es evidente que se está produciendo un proceso de sustitución de trabajadores con sueldos medios por nuevos empleados con salarios más bajos. Pero, ¿y si la solución fuera estrictamente la contraria?

Existe un primer problema. España no controla su política monetaria, cosa que sí lo hace un país como Japón, que tiene una deuda pública enorme, cercana al 250% de su PIB, (España se acerca al 100% de su PIB), pero que está en manos de los propios ciudadanos japoneses. Se lo deben a ellos mismos.

España está sujeta al Banco Central Europeo, y a la disciplina del euro. Y para ser competitiva se ha resuelto que debe sufrir una dura devaluación interna. El subdirector de Fedea y profesor de Economía de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde Ruiz, asegura que bajar los salarios no equivale exactamente a ganar competitividad, y que puede suceder que, en lugar de que bajen los precios, para todos, aumenten en cambio los beneficios empresariales, sin que, de forma matemática, se pase a un aumento de las inversiones a corto plazo.

Es una pista interesante, porque la respuesta que está ofreciendo Japón, ante el estancamiento de su economía, parte de esa reflexión: se puede aumentar los salarios, se debe, de hecho, siempre que ello lleve a un gran pacto entre empresarios, sindicatos y gobierno con un compromiso para ser más competitivos, para ganar en eficacia y en rendimiento, con incentivos para todos.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, que ha revolucionado la economía mundial, con su plan de expansión monetaria, habla de la “sorpresa salarial”. Fue consciente de que Japón, desde 1997 hasta 2010, había asistido a un descenso enorme de la masa bruta salarial. De 279 billones de yenes, a 244,7 billones. Los trabajadores japoneses perdieron 34,3 billones de yenes en toda esa década y media, una cantidad equivalente o mayor que el PIB anual de Dinamarca, Malasia o Singapur.

Y la idea ha sido la de revertir esa situación con un plan ambicioso, y no exento de riesgos. Abe sostiene que las empresas japonesas no están descapitalizadas, y que, en términos de patrimonio neto, están a la par con las europeas y norteamericanas. Abe admite que las reformas estructurales no se deben dejar de lado, y que necesitan tiempo para tener efectos. Pero, precisamente por ello, apuesta por una política monetaria atrevida. Abe, realmente, tiene un plan.

Y se acoge a esa “sorpresa salarial”, siguiendo el ejemplo de los Países Bajos a principios de la década de 1980. En aquel momento, el objetivo fue mantener el empleo, y que el coste de controlar la inflación se compartiera entre trabajadores y empresarios.

En este caso, en Japón, se trata de llegar a un acuerdo a la inversa del de los Países Bajos. Y Abe lo explica: la idea de que el gobierno, las grandes industrias y los sindicatos deben trabajar conjuntamente aumentando los salarios y las bonificaciones y, lo más importante, facilitando de forma simultánea los incentivos que aumenten la productividad.

Claro que cuando los japoneses acuerdan cosas, las cumplen, y trabajan todos en una misma dirección. Y entonces surge la pregunta de si eso es posible en España, donde lo primero que se hace es culpar al contrario de todos los males, y fustigarse siempre de lo mal que lo hacemos.

La cultura, siempre la cultura, y las instituciones políticas. Todo eso marca el destino de los países.

Pero, por lo menos, ya tenemos una idea para poder discutir sobre cómo puede salir España a flote. Llega desde el Japón, y es extensible para toda Europa.