Hemos cometido todos un gran error. Desde los tiempos de Bill Clinton, hemos considerado que era la economía la que movía a los países. Pero no es cierto. Para gran alegría de los estudiantes de ciencias políticas y para los politólogos profesionales, lo que ha movido al mundo es la política, las instituciones políticas. Claro que éstas pueden derivar en instituciones económicas inclusivas, que favorecen y estimulan el talento de los ciudadanos, o en instituciones económicas extractivas, que sólo buscan el interés y el beneficio de unas minorías.

En España, desgraciadamente, se ha contado más con la segunda experiencia.

La historia cuenta, y mucho. Y la de España, aunque ha tenido momentos de gran trascendencia, sigue pesando de forma negativa. Lo terrible es que, después de un periodo de enorme desarrollo, en el que ha primado esas instituciones inclusivas, en la que ha sido posible por primera vez el funcionamiento del ascensor social, se pueda caer en una deriva decadente y de autodestrucción.

Es la política, sí. Es el buen funcionamiento institucional el que comportará el desarrollo económico y la distribución de la riqueza. Es la política la que permitirá que los ciudadanos puedan competir en igualdad de condiciones y puedan desarrollar el sueño liberal de exhibir todas sus habilidades.

Pero veamos lo que se está produciendo. La Constitución española, la que ha posibilitado grandes avances, ya no se respeta. Se considera superada. La celebración de su XXXIV aniversario en el Senado ha sido este año desangelada. No acudió  el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y eso implica que el principal representante de Catalunya, que votó masivamente a favor de la Carta Magna, se ha descolgado del proyecto común.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha provocado que una buena parte de los catalanes se sientan cada vez menos involucrados en ese proyecto común. Puede tener razón al buscar una presencia más equilibrada del castellano en las escuelas catalanas, pero no ha acertado en la presentación de una reforma educativa que lo que pretende es una uniformización y una vuelta al pasado, recogiendo las demandas de los sectores religiosos, por ejemplo.

El choque institucional entre Educación y la Generalitat es un hecho. Los responsables políticos catalanes no acuden a las reuniones o las abandonan antes de hora, de forma incomprensible, por otra parte.

El Gobierno demoniza a las comunidades autónomas, las ahoga al presionarlas en la necesidad de reducir el déficit, sospecha de sus actuaciones e intenta recuperar el poder perdido. Se habla del Estado contra las autonomías, cuando todas las administraciones son Estado. El president Artur Mas también lo debería recordar, porque él es el principal responsable del Estado en Catalunya.

Todo lo que está sucediendo entra de lleno en una crisis institucional. Y si no se remedia, la salida de la crisis económica será mucho más difícil. No se trata de superar los problemas económicos para retomar los acuerdos políticos, sino, justamente, al revés.

Dos enormes autores han dejado claro que siempre será la política. Daron Acemoglu y James A.Robinson han escrito un libro que debería leer el ministro Wert. En Por qué fracasan los países, (Deusto, 2012), los dos expertos en política y economía explican cosas como éstas:

“Tradicionalmente, la economía ha ignorado la política, pero la comprensión de la política resulta esencial para explicar la desigualdad del mundo. Tal y como señaló el economista Abba Lerner en la década de 1970: ‘La economía ha ganado el título de reina de las ciencias sociales eligiendo como campo los problemas políticos resueltos’”.

Las instituciones políticas, explican estos dos autores, determinan las instituciones económicas y, a través de éstas, los incentivos económicos y el alcance del desarrollo económico. Al mismo tiempo, también muestra la relación simbiótica entre el absolutismo político y las instituciones económicas que otorgan poder y enriquecen a unos cuantos a costa de la mayoría.

No es casualidad, por tanto, que exista un mayor dinamismo económico en sociedades como la del Reino Unido, Estados Unidos o Australia, y, también en Japón. Todos ellos han sabido desarrollar instituciones políticas inclusivas, favorecedoras del cambio tecnológico y que han amparado el talento personal.

Eso es lo que explica las diferencias entre países, y no el clima, ni la religión ni la ignorancia ni cualquier otro factor.

En España se había sabido alcanzar ese estadio político, necesario para el desarrollo económico. Pero se está perdiendo, se está olvidando. Todos los actores en juego parecen persuadidos en deshacer lo que, con mucho esfuerzo, se había hilvanado.

Una sola muestra. ¿A qué espera la CEOE, la patronal de patrones, en reaccionar de forma contundente, creíble, frente al caso de Gerardo Díaz Ferrán?

Él solo es una muestra de esas minorías extractivas que hunden toda la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.