El secuestro de la democracia alienta el populismo: el soberanismo

Estelada

La confesión de Jordi Pujol, al admitir que tenía una cuenta bancaria no declarada en Andorra durante 34 años, ha provocado una reacción en cadena de supuestos damnificados por la política del que fue presidente de la Generalitat de Catalunya y de analistas de muy distinto signo que van más allá, al cuestionar todo un sistema político que arranca en la transición. El importante artículo de Albert Sáez busca el inicio de una perversa división del poder, mientras que el historiador Agustí Colomines repasa los errores de un estado que se desvanece.

Ello coincide en el tiempo con el proceso soberanista que una parte de la sociedad catalana protagoniza desde hace más de dos años. Coincide, también, con un movimiento de petición de regeneración democrática en toda España, que va desde la demanda de reformas institucionales profundas, a un cambio drástico del propio sistema político.

Los ciudadanos interpretan de muy diferente manera lo que les sucede, y ello, claro, dificulta encontrar los remedios necesarios para colmar al conjunto de la sociedad.

Pero subyace una cuestión central y es el secuestro de la democracia por parte de unas elites políticas y económicas que no son muy diferentes si analizamos el problema desde Barcelona o Madrid, o Sevilla o Bilbao.

El catedrático de Ciencia Política, Joan Botella, se ha referido a ello, al entender que, en el caso catalán, “lo que le ha dado extensión, grosor y continuidad al movimiento soberanista en curso es la combinación entre una reivindicación de corte nacionalista y un rechazo hacia un sistema que hace crisis, que genera corrupción y que secuestra la democracia, deformándola y poniendo los mecanismos de gobierno en manos de sus enemigos”.

Esa sensación se puede concretar. Hay defectos en el sistema político e institucional español  que, tras la transición –un proceso que salió bien, y que deberíamos dejar de cuestionar de forma periódica—no se han corregido. Muchos de los casos de corrupción que afectan a dirigentes políticos obedecen, en realidad, a una financiación ilegal de los partidos políticos.

Pero, como han denunciado algunos jueces, como Miguel Ángel Torres, o fiscales, como Pedro Horrach, el problema es que no se ha tipificado en el Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos. Y eso es evidente que tiene remedio, si existe voluntad política de arreglarlo. Los partidos no quisieron hacerlo en su momento, pero ahora están obligados a corregirse.

Otra cuestión que no se puede dejar de lado, y es, tal vez, crucial, es la transformación del modelo productivo en todas las sociedades del mundo occidental. La economía financiera ha ido laminando la economía productiva desde los años ochenta del pasado siglo. Y lo que tenemos por delante es una polarización social cada vez más aguda, sin que el poder político tenga las herramientas adecuadas para reconducirla.

The Economist, en su libro El Mundo en 2050, da cuenta de ello y señala que para la mayoría de empresas el gran problema de las próximas décadas será cómo innovar con la misma rapidez que la competencia, pero “para un número cada vez mayor de gente corriente, el principal problema será afrontar el impacto social y psicológico de todas esas innovaciones”.

Los editores del semanario británico añaden que ese fenómeno provocará que una élite absorba “una proporción mayor de los ingresos nacionales”. Será una proporción pequeña de la sociedad que, gracias a las nuevas tecnologías y una mayor formación, gozará de ingresos mucho mayores. Se trata de las élites cognitivas, que, aunque crezcan en países con un sentido más comunitario, provocarán el enojo de muchos trabajadores con menores recursos.

Y este fenómeno, aunque no se verbalice, se ha comenzado a intuir. Se palpa y se sufre ya en las propias carnes. Y ante ello la ciudadanía se expresa o reacciona abrazándose a las salidas que encuentra. Entre ellas se incluyen los diferentes populismos que recorren Europa, como el soberanismo si nos referimos a Catalunya, –como señala la catedrática emérita de Filosofía moral, Victòria Camps– o movimientos a la izquierda de la izquierda, como el movimiento Podemos en el conjunto de España, también presente en Catalunya.

Es el secuestro de la democracia, por tanto, el que provoca esos movimientos. Es el hecho de que el ascensor social se haya quedado en la primera planta, de que para generaciones enteras de españoles –entre ellos los catalanes—falten oportunidades reales de realización personal y profesional, lo que en muchas ocasiones está ligado. Es todo ello lo que provoca las salidas populistas.

La prueba de ello es que en Catalunya el movimiento soberanista lo protagonizan jóvenes profesionales, que cuentan con un cierto bienestar económico, proporcionado, en buena parte, por sus familias.

Sólo los que vislumbran el futuro, los que cuentan con una mayor preparación, ven también los riesgos a medio y largo plazo, y creen que en una Catalunya independiente tendrían más oportunidades, las que tuvieron sus padres y ellos no tienen. El movimiento, por tanto, tiene poco de izquierdas, y mucho de salvación de los que creen que pueden salvarse, unas clases medias y altas que quieren conservar o mejorar lo que tienen.

Pero, en cualquier caso, con las razones que sean, de tipo económico, sentimentales, o, simplemente, porque sí, un proceso de ese tipo no se puede conducir como se está haciendo. En poco más de dos años, con celeridad, tomando medidas de forma unilateral, confundiendo, tergiversando toda la terminología jurídica, y engañando a ese ciudadano atrapado en un cambio de modelo productivo que sólo acaba de comenzar.

 

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